Urge una política sobre el servicio de agua y cloacas
El servicio de agua y cloacas está en una crisis de gestión que estalla por todas partes. En calles saturadas de efluentes cloacales en numerosas calles de la ciudad capital, de Yerba Buena y de Tafí Viejo -por mencionar los lugares donde se dan los reclamos más frecuentes-; en falta de agua en amplias zonas y en dudas sobre la potabilidad del líquido en determinados asentamientos urbanos. A esto hay que agregar un sinnúmero de problemas derivados de un sistema caótico de pago del servicio, que tiene alta morosidad, y cuyo programa de obras y de mantenimiento tiene serias deficiencias. Así quedó planteado en la audiencia realizada el viernes en la sala Orestes Caviglia, en la que funcionarios de la empresa, representantes del ente de control y de los usuarios, así como de organizaciones de la sociedad civil expusieron sus puntos de vista y el resultado fue inquietante por la magnitud del problema. De hecho, no se llegó a acuerdo y la reunión quedó postergada a la espera de que quizás en 15 días más se haga una nueva convocatoria.
Básicamente, la empresa planteó que necesita unos $ 1.000 millones para empezar a resolver los severos problemas y advirtió acerca de la alta morosidad en el servicio. Pero al mismo tiempo quedaron destacadas las fallas en la gestión y las deficiencias en la revisión que debe hacer el ente de control (Ersept) sobre las obras realizadas y en ejecución. Muchas de ellas hechas con cooperativas de trabajo cuya capacidad para realizar tareas de esta índole está cuestionada. En esta misma edición, un experto explica que a su juicio estas cooperativas hicieron mal las cosas y que lamentablemente muchas obras deberían hacerse de nuevo, lo cual no parece que vaya a plantearse en ningún momento. El experto vaticinó que habrá que acostumbrarse a convivir con líquidos cloacales en las calles, lo cual ya le ocurre a muchos barrios. En Yerba Buena, que tiene 432 pérdidas de agua y cloacas (según se publicó la semana pasada) ha comenzado a advertirse este sino dramático, ya que hace 10 años, antes de que se hiciera la red cloacal, la “ciudad jardín” no tenía afloramientos de líquidos negros por las calles.
Con respecto al aumento tarifario -que ha sido planteado en los últimos meses por el nuevo gerente de la SAT- distintos representantes han expuesto que carece de razonabilidad pero no se ha llegado a un debate con respecto a los costos de emprender tareas para cambiar esta situación. El defensor del Pueblo opinó que había gestionar créditos de la Nación y un funcionario municipal sostuvo que con la ayuda dineraria que ya tiene la SAT por medio de una reciente ley, más mejoras en el problema de la morosidad y de la deficiente gestión se podría lograr cambios positivos en la cuestión.
Precisamente la gestión ha sido puesta en observación con la denuncia de que un gerente comercial tiene vínculos con una consultora contratada por la SAT, lo cual muestra, si no una incompatibilidad inaceptable que debe ser investigada por la Justicia, la discrecionalidad en que se puede caer por manejos poco transparentes. El otro asunto que ha quedado expuesto en la asamblea ha sido la necesidad de que el Estado no se desentienda de un servicio que tiene que ver con necesidades básicas, con la salud y con el medio ambiente, por lo cual se requiere una verdadera política sanitaria.
Y no se trata sólo de manejo de agua potable y de cloacas, sino de los requerimientos de una provincia en la que impactan otros problemas vinculados con el agua para riego, las crecientes en verano, la canalización y los desagües pluviales y cloacales, temas que están dispersos en manos de diferentes áreas desconectadas entre sí. Y que generan problemas permanentes. Corresponde que se debata con urgencia una política central sobre el agua en la provincia, en la permanentemente se ha actuado sobre urgencias y con parches.